El proceso electoral 2023-2024 ha sido hasta el momento el más grande en la historia de México, ya que en todas las entidades federativas tuvo lugar algún tipo de elección. En total se eligieron 20,708 cargos federales y locales. Dada la dimensión de este ejercicio de participación ciudadana se podría considerar que el país cuenta con un sistema electoral fortalecido que permite a la sociedad vivir bajo los principios democráticos, incluido el principio de igualdad, pero ¿hasta qué punto la democracia como un sistema en donde, por definición, predomina la postura de la mayoría ha procurado la presencia de grupos que han sido históricamente subrepresentados político-electoralmente?, ¿cómo se ha logrado garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación política-electoral para grupos poblacionales diversos?
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Para el teórico Hans Kelsen, la esencia y el valor de la democracia reside en dos reglas fundamentales: la regla de la mayoría y las reglas de las minorías. En un sistema político democrático la mayoría numérica decide, pero siempre bajo la condición de que las minorías tengan derecho a existir en la vida pública, a que tengan la posibilidad de convertirse en mayoría y en que irrenunciablemente sus opiniones sean tomadas en cuenta por la mayoría. Esto implica que, pese a que por medios democráticos la mayoría se conforme como principal fuerza para la toma de decisiones, ese derecho no es absoluto, se debe de garantizar la voz de las llamadas minorías, y para ello existen distintas formas de lograrlo, ya sea con cuotas electorales, con participación efectiva en el diseño de políticas públicas, con la formación de cuadros políticos de poblaciones específicas, entre otras.
Es por ello que en el marco de este proceso electoral, el Consejo General del INE, estableció en el acuerdo INE/CG625/2023 una serie de acciones afirmativas que buscaron asegurar 50 escaños en la Cámara de Diputados y Diputadas y nueve en el Senado para integrantes de grupos históricamente subrepresentados, como las personas indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexo genérica, jóvenes, residentes en el extranjero y, por vez primera, la votación para personas en prisión preventiva. La implementación de las acciones afirmativas, traducidas en cuotas, han logrado que grupos sociales que históricamente han sido excluidos de la participación política y de la toma de decisiones puedan contar con representación política en las Cámaras a través del establecimiento de lineamientos que exijan a los partidos políticos tener candidaturas para estos grupos de la población.
En este ejercicio electoral se obtuvo un total de cuarenta y dos candidaturas ganadoras a través de cuotas, siendo treinta y tres escaños para diputaciones y nueve para senadurías. Las personas indígenas son las que obtuvieron un mayor número de escaños con treinta y tres curules asegurados en el Congreso de la Unión, más los lugares de representación proporcional. La población afromexicana y con alguna discapacidad reunieron cuatro candidaturas, mientras que las personas de la diversidad sexo genérica sólo consiguieron dos lugares.
Algunos de los retos normativos que se traducen finalmente en impugnaciones es el de aquellas personas que registraron su candidatura por alguna acción afirmativa para representar a un grupo subrepresentado al que no pertenecen, lo cual se considera como una simulación, usurpación o suplantación de estos espacios, por lo que sería de interés público que se pudiera profundizar sobre este fenómeno para lograr un rediseño en la cuotas que permitan que la representación descriptiva se transforme en una sustantiva. También, es un pendiente la reflexión respecto de si el establecimiento de cuotas es la forma más idónea para representar la diversidad de grupos poblacionales que también suelen ser heterogéneos en sus posturas políticas, ideológicas y expresiones.